En la tarde de este martes el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se pronunció sobre un fallo de la Corte Suprema que ordenó al gobierno proteger el derecho a la protesta, de cara a agresiones sistemáticas de la Fuerza Pública.

Trujillo dijo que conocieron, por medios de comunicación, de la providencia de la Sala Civil de la Corte Suprema «relacionada, entre otros asuntos, con el derecho a la manifestación pacífica y democrática y la acción de la Fuerza Pública legítima, con respecto a expresiones violentas que puedan tener lugar a raíz de presencia masiva de ciudadanos en las calles».

El ministro continuó diciendo que esta providencia tiene 170 páginas, por lo que procederán a conseguir el texto completo de la decisión para estudiarlo.

Señaló que lo analizarán con profundidad, «con todo detalle, para tener, a raíz de ese estudio juicioso, tranquilo y detallado, una posición sobre el particular que, naturalmente, será dada a conocer a la opinión pública».

En su decisión, la Corte Suprema estudió una tutela presentada por varios ciudadanos que consideran que de parte del Gobierno y del Esmad ha habido «sistemáticas agresiones» que amenazan su derecho a manifestarse.

El alto tribunal protegió los derechos a la libertad de expresión y al de la protesta pacífica y no violenta, y censuró «todas las formas violentas e irracionales de formular reclamos para la protección de derechos».

Al revisar los argumentos, pruebas y elementos que aportaron los ciudadanos, la Corte encontró que el Gobierno y la Policía han vulnerado los derechos a la protesta libre y pacífica, ante las actuaciones arbitrarias y violentas para impedir manifestaciones.

Igualmente, dijo que el Gobierno ha usado desproporcionadamente armas letales y químicas y ha detenido de forma arbitraria, ilegal o abusiva a quienes ejercen su derecho a la manifestación, además de estigmatizar a personas que «de manera moderada» salen a cuestionar, refutar y criticar las labores del Gobierno.

La Corte, en consecuencia, ordenó al presidente Iván Duque, al Ministerio de Defensa y la Policía, entre otras entidades, «adoptar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica y no destructiva», reestructurar el uso de la fuerza, suspender las escopetas calibre 12 de uso del Esmad, y ofrecer disculpas públicas por excesos en el Paro Nacional del año pasado.

Ya en enero de este año la Procuraduría le había pedido a la Policía suspender el uso de escopetas calibre 12, aunque esa petición no había sido atendida. Esa fue el arma con el que, en noviembre pasado le dispararon al estudiante Dilan Cruz, quien murió debido a las heridas del proyectil disparado por el capitán Manuel Cubillos, del Esmad.